La iniciativa del Gobierno, anunciada recientemente, de vender libremente y a menores en las farmacias la píldora del día de después provoca alguna reflexión urgente e importante. La opinión pública debe conocer exactamente qué es lo que se pretende con estas medidas y cómo afectan al público y también a los profesionales de la salud. En el anuncio, y a falta de un análisis más profundo de las implicaciones jurídico-éticas que pudieran existir en la versión definitiva de la norma que se redacte en el Ministerio, la ministra Jiménez hace declaraciones muy imprecisas y alguna falsedad sobre las que me pronunciaré.

La ministra insiste en que se trata de un método de emergencia y que no pretende que se convierta en un procedimiento de uso habitual. Parece difícil convertir este deseo de la ministra en realidad si lo que propone es su venta libre sin ningún tipo de limitación más que la económica en aquellas comunidades autónomas en las que no se financia su coste. Sólo se consigue que este procedimiento no sea de uso habitual informando a la población acerca de sus contraindicaciones y efectos secundarios, que son muchos y lo hacen poco o nada apropiado como método anticonceptivo usual. Una segunda imprecisión, por no decir mentira flagrante, es precisamente la afirmación de que se trata de un método anticonceptivo y no abortivo. La ministra, en su ignorancia, o quizá demagogia, explica que no tiene acción una vez ha tenido lugar la anidación, por ella llamada implantación. La denominación 'anticonceptivo' se otorga porque se trata de fármacos o procedimientos que evitan precisamente eso, la concepción. La concepción se define biológicamente como la unión de los dos gametos para la formación del cigoto. La concepción tiene lugar, en la especie humana, en el tercio externo de la trompa de Falopio, y sólo después de unos días y de su transformación en blastocisto, durante su trayecto por la trompa, tiene lugar la anidación/implantación en el útero. Dicho de otra manera, este procedimiento lo que hace es evitar la anidación/implantación y nunca la concepción, por lo que, si esta última tiene lugar, lo que se provocará será un aborto de la criatura concebida precisamente por la dificultad para su anidación/implantación.
Adicionalmente a esto, se da la circunstancia llamativa de que los farmacéuticos tienen regulada la venta de antibióticos y otros medicamentos mucho más inocuos, los cuales siempre necesitan prescripción facultativa. Esta píldora, con todos los efectos secundarios y contraindicaciones que la hacen, según la propia ministra, inadecuada como procedimiento o método (mal llamado) anticonceptivo usual, podrá ser adquirida sin prescripción y por menores en las oficinas de farmacia. Entiendo que el colectivo profesional farmacéutico, en el ejercicio de sus derechos y amparados en su elevada ética y excelente formación profesionales, se vean en la obligación de explicar todas estas cosas a sus clientes, so pena de que se les pueda acusar de partícipes de cualquier complicación que surja del consumo de esta píldora. ¿Entenderán las autoridades esta intervención informativa como una traba a la dispensación? ¿Veremos denunciado a algún farmacéutico por los familiares de alguna usuaria de este procedimiento que haya presentado alguna complicación? ¿Serán perseguidos por la Fiscalía por no haber dispensado la píldora a quien, según su criterio profesional, debería ser revisada previamente por el médico?
Para acabar de arreglarlo, la ministra de Igualdad anunció en ese mismo acto que incluirá la materia de salud sexual y reproductiva en el currículo educativo de todas las carreras de Ciencias de la Salud. No sé bien cómo interpretar estas palabras. Las universidades que imparten Ciencias de la Salud no han dejado de explicar todo lo concerniente a la salud sexual y reproductiva en las materias correspondientes como la Fisiología, Fisiopatología, Obstetricia, Ginecología, y todas aquellas relacionadas con estas, desde que se tiene memoria de su existencia como áreas específicas de la salud. No es la forma más adecuada de solucionar el problema de los embarazos no deseados, imputar la responsabilidad a las universidades, en concreto a los profesionales de la salud, por su necesidad de formación en materia de salud sexual y reproductiva. Es indignante la intromisión de la ministra en la actividad universitaria, más aún en los contenidos curriculares de las diferentes carreras de Ciencias de la Salud. Las razones para solicitar la dimisión de esta ministra de Igualdad han superado cualquier mínimo razonable.